Como dijera el norteamericano Brian Riedl, uno de los más destacados analistas presupuestarios de la conservadora Heritage Foundation, “la revolución conservadora radical es el sueño de los conservadores que no gobiernan, pero no la práctica de los conservadores que gobiernan”. El primer sueño es el de Hayek y los hayekianos, el del gobierno de reducidas dimensiones, curiosamente el de los políticos innovadores. El segundo es el de los políticos burócratas con una visión muy limitada, basada en ¿cómo podemos conservar el poder político?, la visión de los políticos de la vieja escuela, que son la inmensa mayoría de los políticos que en España gobiernan.

El gran debate de la economía mundial es el que protagonizaron Keynes y Hayek. Fue “el choque que definió la economía moderna”, según lo denominó Nicholas Washott en su magnífico libro “Keynes vs Hayek”. Al final de su libro Washott se pregunta quién ganó el debate y, para contestar la pregunta, deja hablar a Milton Friedman: el debate intelectual lo ganó Hayek y la opinión intelectual del mundo hoy es mucho menos favorable a la planificación y el control central que en 1947, pero no está claro quién ganó el debate práctico, porque el mundo hoy es más socialista que en 1947, el gasto del gobierno de prácticamente todos los países occidentales es más alto hoy que en 1947 y la regulación de las empresas por el gobierno también es mayor. Friedman creía que lo que Keynes había legado a la economía técnica es muy positivo, pero que su legado político era muy negativo, porque “ha contribuido considerablemente a la proliferación de gobiernos demasiado grandes cada vez más interesados en controlar la vida diaria de los ciudadanos”. Eso es lo que ahora, y antes, padecemos en España.

A modo de ejemplo práctico, sirva el del presidente norteamericano Donald Reagan, el que logró la mayor tasa de desarrrollo y el menor porcentaje de paro de los EEUU. Reagan, basándose en su experiencia anterior a la presidencia, concluyó, muy acertadamente -como después demostró- que los altos impuestos no servían para nada más que para impulsar un sistema de derroche y dependencia, que es lo que desean -aunque digan lo contrario- la mayoría de los políticos que gobiernan en España. Lo que acaba de hacer el ministro de Hacienda, en funciones, Montoro, obligando a pagar impuestos adelantados a las empresas que facturen más de 10 milones de euros anuales, es no sólo un asalto, otro más, al bolsillo de los ciudadanos -porque las empresas repercutirán el aumento de costes de sus productos en precios mayores a los compradores- sino y sobre todo, un error monumental, porque lo lógico, lo justo y lo eficaz para reducir el inasumible déficit público es disminuir el gasto público, en vez de aumentar los impuestos. Eso es lo que haría un político innovador, cuya visión no fuera cómo conservar el poder político, que es como son los políticos que gobiernan en España.

Escribía el gran e innovador economista que es Daniel Lacalle que el despilfarro en educación se justifica siempre (ningún político se atreve siquiera a insinuar lo contrario), como en la sanidad. Ambos, educación y sanidad, no son gratuitos, sino extremadamente onerosos, carísimos. También la justicia. Pero los políticos que gobiernan encuentran mucho más incómodo, y menos rentable políticamente a corto plazo -y lo de corto es muy importante resaltarlo- recortar gasto público que aumentar los impuestos, como acaba de hacer Montoro. Porque a medio y largo plazo, desde luego son mucho más graves las consecuencias de no hacer el ajuste de la burbuja de gasto público creada al calor de la década del despilfarro, algo que es perfectamente posible, desde el punto de vista economico, sin desmantelar el Estado y sin dejar a los niños y a los abuelos – cada vez más preocupados con el oscuro futuro de sus pensiones- indefensos. Como puntualizaba Juan Rallo en su libro “Una alternativa liberal para salir de las crisis. Más mercado y menos Estado”, se podrían ahorrar, reduciendo gasto público innecesario (para los ciudadanos, no para los políticos) nada menos que 130.000 millones de euros anuales (por ejemplo: 10.000 millones en subvenciones, 35.000 millones en la caja negra de comunidades autónomas y el Estado, 22.000 millones en administraciones duplicadas, 150 millones en embajadas regionales, 1.000 millones en asesores, y así un largo, y detectado, etcétera). “Tolerar el abuso del Estado es grave porque, lo queramos o no, lo acabaremos pagando todos”, concluye Lacalle. Porque, insisto yo, nada de lo que se nos dice que es gratis -sanidad, educación, justicia, etc- lo es realmente. Al contrario, es muy caro, muchas veces muy ineficaz y lo pagamos todos, con los impuestos que nos imponen y que, en muchas ocasiones, lastran la libertad y el desarrollo, o sea, aumentan la pobreza.

Puede gustar o disgustar, pero los hechos, las experiencias vividas e inocultables -salvo que se recurra a la mentira, a los habituales engaños populistas- demuestran que la libertad económica es fundamental, que sin libertad económica no hay libertad, que sin libertad no hay democracia posible y que sin democracia -el menos malo de todos los sistemas políticos conocidos, según la brillante y acertada definición de Winston Churchill- no hay progreso. Me refiero a progreso verdadero, no a esos autollamados gobiernos de progreso que serian de desastre y que ya le han costado el puesto, que tanto le gustaba, al desastroso secretario general del PSOE que ha sido Pedro Sánchez.

Tal y como están las cosas, en nuestro particular caso siempre podemos recomendar que, para desconectar algo e intentar disfrutar de la vida, siempre podemos recurrir a leer Arte de Vivir, empezando por este número, recomendación que fervientemente les hago llegar.

Carta del Editor.  Arte de Vivir, 3/10/2016

Editor Grupo La Voz-Gacetas

Enrique Bohórquez López-Dóriga